Las 8 fuerzas políticas en el Palacio de San Lázaro se encuentran de acuerdo en que PEMEX debe contar con otra reforma fiscal para que pueda desempeñarse con eficiencia y rentabilidad, sin embargo, cada una tiene su punto de vista de cómo lo debe de hacer.
Todos los partidos coinciden en que la propuesta del Ejecutivo como está no será aprobada, y por el contrario, deberá tener una “cirugía mayor” para que tenga el voto aprobatorio de las diferentes corrientes políticas de los partidos en el Congreso.
Hasta la fecha la dependencia que dirige Agustín Carstens, la SHCP, no ha enviado a los diputados la propuesta para modificar la Ley de Derechos y liberar más recursos a PEMEX.
Las diferencias que obstaculizan la discusión de la tercera modernización reciente de PEMEX son la incursión de los contratos de riesgo que ponen en riesgo la disminución de la renta petrolera nacional, la entrada de capital privado en los ductos para conducir los productos petroleros, tarea siempre realizada por la paraestatal.
Sin duda estos temas serán los puntos centrales de discusión, y si el gobierno federal quiere que pasen, debe avanzar del diagnóstico a las proyecciones, en las que demuestre que la renta nacional por los hidrocarburos no se verá afectada por la incursión del capital privado.
Ahora y por los siguientes 15 a 20 años el petróleo es fuente primaria para las finanzas públicas de nuestro país. Tan sólo para este año se espera que los ingresos por este concepto sean de 52 mil millones de dólares.
La importancia de la discusión estriba en que el consumo de energía para este siglo se espera se incremente al doble, por lo que los altos precios de los energéticos seguirán ascendentes, lo que implica mayores beneficios, que deberían reflejarse en todo el espectro social mexicano, ya que PEMEX es la principal fuente de ingresos para el país.